El Congreso de Colombia habría traicionado al pueblo que lo eligió

La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 ha generado una fuerte polémica en Colombia, especialmente por el recorte de más de 60 mil millones de pesos a la Defensoría del Pueblo, una entidad clave en la defensa de los derechos humanos y las comunidades más vulnerables del país.

La decisión, avalada por el Congreso, ha sido calificada por sectores sociales como “una traición al pueblo que los eligió”, al considerar que debilita a la institución que actúa como voz y escudo de los ciudadanos frente al Estado.

La defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió que el recorte afectará gravemente programas esenciales como la atención a víctimas, las alertas tempranas y la presencia institucional en regiones con conflicto social y armado. “Es un golpe directo a las comunidades más necesitadas”, afirmó.

Lo más cuestionado es que otras entidades de control, como la Procuraduría y la Contraloría, no sufrieron recortes similares, lo que ha desatado sospechas sobre posibles motivaciones políticas detrás de la decisión.

Para analistas y organizaciones civiles, el Congreso ha enviado un mensaje contradictorio: mientras dice legislar en nombre del pueblo, le resta poder precisamente a la entidad que vela por sus derechos.

En redes sociales, el tema se ha convertido en tendencia. Miles de usuarios expresaron su indignación y acusaron a los congresistas de actuar de espaldas a la ciudadanía. Algunos comentarios resumen el sentir popular: “Recortar a la Defensoría es como dejar al pueblo sin voz”.

En medio del debate, queda una pregunta que golpea con fuerza:
👉 ¿Puede un Congreso que debilita a la Defensoría seguir diciendo que representa al pueblo?