Colombia atraviesa un momento crucial de su historia política y social. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha intentado marcar un giro frente a décadas de políticas tradicionales, proponiendo reformas profundas en salud, pensiones, educación y empleo. Estos intentos han generado tanto esperanza como preocupación.
Para muchos sectores populares, Petro representa una voz largamente ignorada: la del trabajador informal, el joven sin acceso a la universidad, el campesino olvidado por el Estado. Las reformas apuntan, precisamente, a corregir esas desigualdades históricas. Sin embargo, no se puede desconocer que los canales políticos y jurídicos para hacer realidad estos cambios son complejos, y a veces se enfrentan a resistencias legítimas de quienes ven riesgos en la forma y el fondo.
La polarización ha empañado el debate. Se necesita menos grito y más argumento. No se trata de estar “con Petro” o “contra Petro”, sino de evaluar cada propuesta con mirada crítica pero constructiva. Hay que reconocer que el país necesita cambios estructurales, pero también diálogo, consensos y una ciudadanía vigilante que no se deje arrastrar por el fanatismo ni por el miedo.
El reto del actual gobierno no es menor: pasar de la narrativa del cambio a su materialización sin fracturar aún más la frágil confianza institucional. El reto de la oposición también es grande: pasar de la crítica vacía a las propuestas responsables.
Más que una batalla ideológica, Colombia necesita acuerdos que construyan futuro.
