En horas recientes se intenta imponer una palabra: captura.
Una palabra que suena legal, quirúrgica, casi limpia. Pero si se mira el hecho por lo que es —más allá de simpatías o rechazos— aparece una pregunta incómoda que muchos prefieren esquivar:
¿y si no fue una captura, sino un secuestro con lenguaje de Estado?
La palabra que pretende cerrar el debate
Un presidente fue sacado de su país mediante una operación extranjera. La discusión pública se ha concentrado en si el personaje lo “merecía” o no, como si la moral política reemplazara el marco legal. Sin embargo, el punto central es otro: la forma.
Porque una “captura” no es solo un verbo. Es una afirmación: sugiere autoridad, jurisdicción, procedimiento. En otras palabras, intenta convertir un acto de fuerza en un acto de derecho.
Captura y secuestro no son lo mismo
Una captura —en el sentido que entiende cualquier ciudadano— supone, como mínimo, trazas verificables de legalidad: una orden, una jurisdicción competente, un debido proceso, o un marco claro de conflicto entre Estados que haga comprensible la actuación militar.
Un secuestro, en cambio, ocurre cuando un actor priva de la libertad a una persona fuera del marco legal del territorio donde se ejecuta la acción. Cambie el uniforme por un traje o un comunicado por una rueda de prensa: el corazón del hecho no se transforma por el relato.
Que lo anuncie un gobierno no lo vuelve legal
Que una potencia anuncie la operación y la etiquete como “captura” no resuelve el dilema jurídico ni moral. La fuerza no sustituye al derecho. Y el discurso no reemplaza al proceso.
Cuando la palabra “captura” se usa como un sello para cerrar preguntas, lo que se está pidiendo —en realidad— es obediencia narrativa: aceptar que quien tiene el poder también tiene la razón, y que su versión es, por definición, la verdad.
El precedente que debería inquietar a todos
Hoy muchos celebran el hecho por el nombre del protagonista. Pero la pregunta de fondo no es quién fue llevado, sino cómo fue llevado.
Si mañana otra potencia decide que un gobernante en África, Asia o América Latina es “indeseable”, ¿bastará con entrar, sacarlo y luego bautizarlo como “captura”? ¿Desde cuándo la narrativa del más fuerte define la legalidad del acto?
Normalizar esto como “captura” es abrir la puerta a una idea peligrosa: que el derecho internacional puede convertirse en un accesorio, útil cuando conviene y descartable cuando estorba.
No es defensa, es advertencia
Poner en duda el término “captura” no significa defender a Maduro. Significa defender una línea básica de civilización: la soberanía y el debido proceso no deberían depender de la simpatía política que despierte el acusado.
Si el mundo acepta que la potencia de turno puede “arreglar” el diccionario para justificar la fuerza, entonces el mensaje para los países débiles es devastador: la seguridad jurídica termina donde empieza el interés geopolítico.
Conclusión
Llamar “captura” a lo ocurrido es, ante todo, un acto político. Una etiqueta que intenta legitimar una acción extraordinaria sin pasar por los filtros que se exigen cuando el acusado no es un enemigo, sino un ciudadano común.
Y cuando la política redefine las palabras para justificar la fuerza, lo que sigue no es justicia: es precedente.
Porque si esto fue una captura, el derecho internacional queda reducido a un comunicado. Y si fue un secuestro, entonces se cruzó una línea que costará mucho volver a trazar.
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