Medellín, 6 de octubre de 2025.
En una decisión que revuelve viejas heridas del conflicto colombiano, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín compulsó copias para que la Fiscalía General de la Nación investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe y al general (r) Carlos Ospina, por su presunta participación como determinadores en los homicidios de los reconocidos defensores de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y Eduardo Umaña Mendoza.
La decisión no es una acusación formal, sino una compulsa de copias, es decir, una solicitud judicial para que la Fiscalía analice si existen méritos suficientes para abrir una nueva investigación.
Contexto histórico de los casos
Jesús María Valle Jaramillo fue un abogado y defensor de derechos humanos que denunció las masacres en Ituango (Antioquia) y los vínculos entre paramilitares y miembros de la fuerza pública. Fue asesinado en 1998 en Medellín.
Eduardo Umaña Mendoza, abogado y profesor universitario, fue asesinado ese mismo año en Bogotá. Defendió a sindicalistas, víctimas de tortura y presos políticos, y fue uno de los más destacados defensores de derechos humanos del país.
Ambos crímenes han sido reconocidos como de lesa humanidad, lo que significa que no prescriben con el tiempo.
Los testimonios que impulsaron la solicitud
Según reveló El Espectador, la decisión del juzgado se apoya en declaraciones de exparamilitares, entre ellos Francisco Enrique Villalba Hernández, quien aseguró que en 1997 asistió a una reunión en la finca Las Marraneras donde participaron Carlos Castaño, los hermanos Uribe Vélez, un general de apellido Ospina y otros miembros de las autodefensas.
Villalba afirmó que allí se discutieron acciones contra líderes sociales y juristas críticos del poder regional, incluyendo a Valle y Umaña.
Otros exparamilitares, como Salvatore Mancuso, han hecho declaraciones similares en años anteriores, señalando que altos mandos civiles y militares habrían conocido o permitido acciones ilegales de las autodefensas en Antioquia.
La jueza Claudia Castro consideró que estos nuevos elementos deben ser revisados por la Fiscalía, aunque aclaró que no constituyen una condena ni una acusación directa.
Respuesta del expresidente Uribe
Álvaro Uribe Vélez respondió con dureza a través de sus redes sociales, calificando la decisión como “una compulsa miserable por una declaración fantasiosa”.
Aseguró que las acusaciones carecen de fundamento y que ya fueron revisadas en el pasado por las autoridades competentes.
Uribe afirmó que “pretenden revivir calumnias políticas para distraer la atención de los verdaderos problemas del país”.
Lo que viene judicialmente
La Fiscalía General deberá evaluar las declaraciones y documentos remitidos por el juzgado y decidir si inicia o no una nueva investigación.
En caso de abrirse, el expresidente tendría derecho a la presunción de inocencia y a la defensa en todas las etapas del proceso.
Dado que los homicidios están catalogados como de lesa humanidad, no aplican términos de prescripción.
Sin embargo, los analistas advierten que probar hechos de hace casi tres décadas, con testigos que ya no están vivos o que se han retractado, será una tarea judicialmente compleja.
Reflexión para “La esquina de mi barrio”
Más allá del estruendo político, este tipo de decisiones nos recuerdan que la justicia en Colombia sigue enfrentando su deuda con la verdad.
Cuando los poderosos son llamados a responder, la sociedad se ve obligada a revisar su pasado, sus heridas y su silencio.
¿Podemos avanzar como país si las víctimas no tienen justicia?
Esa sigue siendo la pregunta que ronda, una y otra vez, los pasillos judiciales y la memoria colectiva.
FUENTES CONSULTADAS:
Radio Nacional:
El Espectador:
Caracol Radio:
Vorágine:
